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Este será un año de definiciones en resonantes casos judiciales

  Paraná, 12 Feb (APFDigital)


- Supuestos abusos contra menores, presuntos casos de corrupción política y femicidios llegarán a debate oral este año • Se destacan el juicio a Héctor Alanis, al cura Justo Illarraz, a Antonio Vitali; y a Orlando Ojeda


Supuestos abusos contra menores, presuntos casos de corrupción política y femicidios llegarán a debate oral este año. Se destacan el juicio al ex vice gobernador Héctor Alanis y el caso del cura Justo Illarraz; el que involucra al ex perito del STJ, Antonio Vitali; y al acusado por el doble femicidio en Paraná, Orlando Ojeda.

Durante 2018 llegarán a juicio importantes causas. Algunas se debatirán a puertas abiertas, mientras que otras, por la índole de las víctimas se sustanciarán a puertas cerradas. Unas tienen muchos años de proceso desde la comisión de los hechos que se tratará de dilucidar, mientras que otras se remitieron a juicio apenas pasado un año desde el comienzo de la investigación.



 



• Veinte años.

A veinte años de la supuesta comisión de los hechos investigados, entre el 8 y el 20 de marzo, se realizará el juicio que tiene como imputado al ex vice gobernador Héctor Alanis, alias Tito. Quien fuera vice de la segunda gestión de ex gobernador Jorge Busti, fue imputado por el presunto desvío millonario de fondos del Senado, entre 1998 y 1999.

La causa para determinar si en aquellos años se crearon dos programas presupuestarios separados, el 17 y 18, a través de los cuales se habría desviado fondos que nunca fueron rendidos según las normativas, tuvo como coimputados a Maximiliano Alanis, sobrino de Tito Alanis, y presunto titular del Programa 18; al ex director administrativo, José Crettón Pereyra, sospechado de ser el responsable del Programa 17; y el ex vicepresidente primero del Senado y ex legislador provincial por la UCR, Humberto Ré. Maximiliano Alanis ya resolvió su situación procesal aceptando una condena en un juicio abreviado.



• ¿Prescripción?

Justo Ilarraz será juzgado por los delitos de Abuso y Corrupción de menores por hechos que habrían ocurrido cuando el sacerdote imputado se desempeñaba como celador del Seminario de Paraná. El debate se fijó entre el 9 y el 27 de abril. La causa que conmocionó a la opinión pública nacional e hizo temblar los cimientos de la Curia entrerriana llega a debate luego de varias postergaciones. El motivo: el debate durante la instrucción de la causa acerca de las prescripción de los hechos investigados. Sin embargo hubo otros motivos: el último fue por un problema de salud de uno de los jueces, Darío Crespo, que integrará el tribunal. En esta línea, la renuncia del abogado defensor Juan Ángel Fornerón, que se conoció en las últimas horas, no alteraría el calendario, ya que el imputado tiene un codefensor, el letrado tucumano Jorge Muñoz.



• Escuela.

El 14 de mayo comenzará el juicio oral y público en la causa que investiga supuestas irregularidades en la creación de una escuela bajo la órbita de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). La fiscal Patricia Yedro investiga las responsabilidades de Jorge Rodríguez, extitular de la DPV y de dos funcionarios de menor rango: Néstor Kemerer y Mario Ricardo Heyde. El tribunal estará compuesto por Daniel Malatesta, Gervasio Labriola y Gustavo Pi mentel.



• Armas.

Si bien aún no tiene fijada fecha de debate, es muy probable que en abril o mayo se realice el debate oral y público en el que se determine qué responsabilidad le cabe al ex perito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, el comisario Antonio Vitali, acusado del delito de Peculado en concurso ideal con sustracción de objetos destinados a servir de prueba y custodiados reiterados, en relación a la sustracción de armas y municiones que se encontraban en la Sección Depósito de Efectos Secuestrados, en el edificio de Tribunales de Paraná.

Los problemas para Vitali no se limitan a aquella imputación, puesto que también comparecerá en audiencia oral y pública para responder por otros hechos posteriores, que fueron calificados como presuntos delitos de Amenazas perpetradas en un contexto de violencia de género y Tenencia ilegítima de arma de guerra y peculado en concurso ideal con elementos custodiados”. Fuentes judiciales precisaron que hubo intentos de negociación de juicio abreviado que, hasta ahora, no han llegado a buen puerto.



• Doble femicidio.

El 16 de marzo está previsto que se realice la audiencia de remisión a juicio de la causa en la que se investiga el doble femicidio ocurrido en Paraná el 5 de junio de 2016. El acusado es el efectivo de Prefectura Naval, Orlando Ojeda, acusado de matar a su novia Miriam Romina Ibarra y a su ex esposa Lidia Milessi.

  Fuentes judiciales consultadas deslizaron que se están llevando adelante conversaciones para ver si se puede arribar a un posible acuerdo entre Fiscalía y defensa para resolver la causa mediante un juicio abreviado. Según se precisó, la contundente prueba que se recolectó en la causa, más el tardío reconocimiento que habría realizado Ojeda, hacen posible la utilización de la salida alternativa al juicio plenario. Sin embargo, de ser así, se adelantó que se espera un complejo debate doctrinario en torno a la pena que se acordaría si se arriba a un acuerdo.



• Abusos.

Fiscalía de Gualeguaychú dio a conocer la semana pasada que en marzo solicitará que se realice la audiencia de remisión a juicio para juzgar la responsabilidad que le correspondería al abogado y exdirigente político de aquella ciudad, Gustavo Rivas, acusado de abusar de al menos ocho menores de entre 15 y 16 años.

Rivas, que fue ex candidato a gobernador por la Unión de Centro Democrático (UCD), enfrentará cargos por supuesto actos de Corrupción de menores y/o Facilitación de la prostitución, es decir que los abusos fueron realizado a cambio de dinero cuando las víctimas eran menores de edad. La causa, de gran complejidad por los hechos que se investigan y por lo extenso del período en que se habrían cometido, presenta, además, más de 50 testimonios de personas que fueron nombradas por las supuestas víctimas o aparecen en fotos y filmaciones, y habrían sido testigos de los actos que se endilgan al abogado.



• Peculado.

Hugo Righelato fue detenido el 11 de octubre de 2016 cuando, en su condición de director de Obras Sanitarias de la provincia, supuestamente intentaba ocultar documentación referida a una investigación en curso por el presunto delito de Negociaciones incompatibles con la función pública. El exfuncionario estuvo 90 días detenidos con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná, que luego se trocó a domiciliaria, por la posibilidad que realizara actos para entorpecer la investigación. A fines del año pasado el Estado provincial le inició un sumario administrativo. Righelato es otro imputado que estaría analizando la posibilidad de resolver su situación a través de un trámite abreviado. Si bien no aún no se fijó fecha de debate, fuentes judiciales deslizaron que el caso podría llegar a resolverse este año.



• Causa ATER

El voluminoso expediente conocido como causa ATER, en el que se investigan presuntas defraudaciones a la Administración Pública mediante simulaciones de compensaciones de deudas impositivas dentro de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER), sigue su curso y si bien hubo alguna declaración sobre la proximidad del juicio oral y público, en Tribunales se calcula que el debate no se realizará durante este año.

La causa, que impresiona por su volumen y complejidad, se inició con 292 imputados, entre personas físicas y empresas, es decir contribuyentes del Estado provincial que en miles de operatorias impositivas –a través de supuestas compensaciones simuladas–, habrían participado de un hurto millonario contra el Fisco. La causa se inició en 2014.

En diciembre de 2017, la jueza Marina Barbagelata resolvió la situación procesal de 179 personas: 128 resultaron procesadas y 51 sobreseídas. Anteriormente, otros imputados fueron sobreseídos o se encuentran cumpliendo con la Suspensión del juicio a prueba. A esto se sumó que desde el Ministerio Público Fiscal se tomó la decisión por criterio de política criminal, de no avanzar en la investigación de aquellas compensaciones por montos menores a 15.000 pesos.

Fuentes tribunalicias indicaron que, atento a que la investigación se realiza mediante la aplicación del viejo código procesal penal, con plazos más prolongados y posibilidades de múltiples planteos de nulidad, el trajín de las apelaciones de los procesamientos y de una posterior clausura de la instrucción, podrían insumir la mayor parte del año en curso, informó EL DIARIO. (APFDigital)





Fecha Publicación: 13/02/2018  07:00 

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