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miércoles, 21 de febrero de 2018
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PRIMERA PLANA

Chocobar: Síntesis de la injerencia ilegítima e incostitucionalidad de un Poder del Estado sobre otro

  Paraná, 20 feb (APFDigital)


– La Constitución Nacional existe por dos motivos: El primero para proteger al ciudadano común ante los abusos del Estado • El segundo para organizar a ese Estado en cuanto al reparto de funciones administrativas que cumplirán cada uno de sus tres Poderes, independientes y autónomos entre sí, fundamento político de la República en las democracias modernas bajo la base del sistema de control recíproco de Montesquieu



Así, con base en ésta sencilla y a la vez compleja teoría política proveniente del Iluminismo Francés, cada uno de estos Poderes Públicos -Legislativo, Ejecutivo y Judicial -es autónomo del otro, y sirve para evitar abusos y concentración de poder en pocas manos. Fundamento y origen del Constitucionalismo y del sistema Republicano moderno, con bases en las premisas de Libertad, Igualdad y Fraternidad provenientes de la Revolución Francesa.

Este principio democrático, fue defendido desde la Revolución del parque a finales del siglo XIX por la Unión Cívica Radical (inicialmente Unión Cívica  de la Juventud y luego Unión Cívica Radical) en nuestro país, con una ideología que persistió a lo largo del tiempo en el centenario partido; que hoy enmudece peligrosamente ante el palpable, evidente, grosero y antidemocrático avance del Poder Ejecutivo sobre funciones específicas del Poder Judicial, que no es nuevo, pero que se muestra con ostensible evidencia en el denominado caso Chocobar.



 





Que significa este caso a nivel jurídico?

Luis Chocobar es el policía que intervino en un asalto a un turista en el barrio de La Boca, persiguió a uno de los delincuentes y le disparó por la espalda ocasionándole la muerte. Fue procesado por la Justicia ante un eventual “abuso” en su acción, apeló su procesamiento pero fue confirmado por la Cámara respectiva, dicha decisión judicial fue criticada por el Presidente Macri, Chocobar fue recibido en casa de Gobierno y hoy se conoce que el Fiscal que originalmente pidió su procesamiento ahora solicita la absolución.

En síntesis: La injerencia del Poder Ejecutivo sobre una decisión judicial modifica de plano –esto es llevando a la opinión contraria del Fiscal desde un procesamiento a una absolución- un caso regulado legalmente, sin que surjan elementos exculpantes específicos del caso. Es decir, la decisión de investigar o no un hecho que termina con una muerte se regula por el peso de la opinión pública manipulada por el Ejecutivo, y no por los códigos procesales y de fondo vigentes.

Esto que significa? Que no hay igualdad ante la Ley. Que no existe la seguridad jurídica de los justiciables ante los Poderes Públicos. Que se justifica desde el Ejecutivo el actuar –a priori- ilegal de un policía catalogado así por los Códigos Penal y Procesal Penal cuya vigencia y aplicación compete de modo exclusivo y excluyente al Poder específico para investigar estas conductas: el Poder Judicial. Que la Constitución pierde vigencia ante el peso del largo brazo Ejecutivo. Que se debilita la democracia. Que se refuerza el poder punitivo del Estado de modo peligroso para la sociedad. Que en definitiva, y aunque en principio parezca al revés, lo único que se endurece es la concentración de un Poder en desmedro de los otros desequilibrando la ancestral balanza de Montesquieu. Y cuando esto sucede; desde antaño siempre existe un solo corolario: Se tiende a consolidar un autoritarismo.

Y los entrerrianos, argentinos y latinoamericanos tenemos aún muy presente lo peligroso de este tipo de conductas, que refuerzan ilegalmente el poder de las fuerzas policiales y de seguridad dándole el guiño político para actuar por fuera  o a pesar de la Ley y del Estado de Derecho.

Desde la Revolución Francesa hasta nuestros días está claro que nadie gana ante esta concentración de Poder. Solo quien concentra ese Poder que, siempre, tiende a desbordarse.



El llamativo silencio de los partidos políticos

Esta actitud del Ejecutivo Nacional actual no es nueva. Pero cada vez se manifiesta más abiertamente bajo la solapa de una aparente base lógica, como lo hacían los viejos sofistas griegos, aunque modernizado en su contenido aforístico: La inseguridad justifica este tipo de acciones ilegales como la de Chocobar. Lo que equivale a decir, simplemente, que el fin justifica los medios.

Donde está la peligrosidad de este pensamiento?  En su fundamento teórico. En que nadie está a salvo. En que se trata de una corriente totalitaria y reaccionaria que amenaza a todos.

Pero por qué los partidos políticos –base de la democracia y de la voluntad popular- no dicen nada ante este accionar? Sobre todo aquellos históricamente vinculados a la defensa de la República y los derechos civiles y políticos, como el caso de la UCR.

Han sido cooptados? Perdieron lisa y llanamente su base ideológica? Han subido tanto su nivel de tolerancia e incapacidad de reacción que permite este tipo de atropellos contra la legalidad, la democracia y las bases mismas de la República? Se han acostumbrado? Estos son los tiempos que corren donde los valores ya no valen? Como lo advirtió un célebre filósofo alemán de finales del siglo XVIII.

Ojalá los partidos políticos reaccionen. Los ciudadanos necesitan que reaccionen, que los protejan  y que no permitan estos avances inconstitucionales de ilegitima base democrática, propia de otras épocas ya pasadas.

La importancia de saber lo que sucede, en el momento en que sucede, es la diferencia entre velar por los intereses últimos y más sagrados de la democracia ante la aparente racionalidad de una conducta ilegal, y la liviana opinión respecto a la “inseguridad” de modo genérico que avala el uso de la fuerza más allá de la Ley. Ante la aparente inocencia de la opinión de un presidente sobre la acción de la Justicia –que cuando le conviene la halaga y cuando lo perjudica la denosta -. Ante la indulgencia Ejecutiva que prejuzga sobre la inocencia de un hecho violento –ya que tanto el del ladrón como el del policía son hechos violentos-, sin tomarse el tiempo mínimo para que el Poder específico para hacerlo investigue. Ante el desafío intimidante de un Poder Ejecutivo que amenaza con destitución y juicio político a un Juez por su decisorio y un Fiscal que a dos días que el Presidente  recibe y apoya al policía pide el sobreseimiento del mismo.

Todo esto es involución. Todo esto es igual a otros gobiernos que también lo hicieron. Todo esto ya lo vimos.

Lo que llama la atención, en esta oportunidad, es la falta de reacción y de indignación de los partidos políticos, así como la falta de lucidez de los organismos de derechos humanos vinculados a la preservación de la democracia por encima de los intereses partidarios y “comodismos” políticos ante el Poder de turno que siempre, indefectiblemente, va a tender a concentrarse; tal como desde el siglo XVI enseña Maquiavelo en su manual político dedicado a Lorenzo de Medici. (APFDigital)



 





Fecha Publicación: 21/02/2018  07:01 

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