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POLICIALES

Domiciliaria para acusados de dispararle a fiscales y policías en el barrio Capibá

  Paraná, 11 oct (APFDigital)
- A los cuatro jóvenes les imputan intento de homicidio, pero ellos sostienen su inocencia y afirman que fueron otros los que atacaron a balazos

Cuando se levantaba el procedimiento en el corazón del barrio Capibá, a las 16 del 25 de septiembre, una lluvia de balas comenzó a repiquetear entre policías y fiscales que estaban trabajando en la escena del crimen. El ambiente ya estaba caldeado desde varios días antes por el enfrentamiento entre dos grupos familiares del lugar, y más aún con la muerte de Gabriel Gusmán tras un presunto enfrentamiento con policías del 911. Y el ataque a balazos sufrido por funcionarios judiciales y policiales fue la firma de la violencia que había ganado en ese sector del sur de la ciudad de Paraná.

Tras ese episodio hubo allanamientos y persecuciones que terminaron con la detención de cuatro personas. Sergio Gastón González, Jesús Lautaro González, Víctor Adrián Escobué y Francisco Luciano Acevedo, así como el secuestro de varias armas de fuego y numerosas municiones. Los cuatro fueron imputados por la fiscal Jimena Ballesteros por el delito de Homicidio en grado de tentativa. Asistidos por el defensor José Barbagelata, dos de ellos declararon y sostuvieron la inocencia de todos, al tiempo que apuntaron contra quienes consideran los verdaderos autores de la agresión a los policías y los fiscales.

Estaban con prisión preventiva en la Alcaidía de Tribunales, donde el martes protagonizaron un violento incidente entre ellos. Ayer el juez de Garantías Eduardo Ruhl les otorgó el arresto domiciliario mientras se avanza con la investigación.

La fiscal explicó en la audiencia la imputación: "En el marco de la investigación del fallecimiento de Gabriel Gusmán, en oportunidad que se encontraban en el barrio Capibá los fiscales Gonzalo Badano y Franco Bongiovanni junto a personal policial, entre ellos de la División Homicidios y de Criminalística, Sergio Gastón González, Jesús Lautaro González, Víctor Adrián Escobué y Francisco Luciano Acevedo efectuaron disparos de armas de fuego desde la vivienda ubicada en calle 941 y 924, propiedad del primero, y sus linderas, hacia la humanidad de los fiscales y personal policial que se encontraba trabajando en cercanías al lugar donde estaba el cuerpo del fallecido. Efectuaron al menos 15 disparos con un arma calibre 9 milímetros y con otra calibre 22. Uno de los disparos pasó al lado de la cabeza del oficial de Criminalística, Iván Berón, lo que motivó que funcionarios que tenían chalecos antibalas lo retiraran del lugar. Otro de los tiros impactó al lado del fiscal Badano, quien fue retirado por un funcionario de Homicidios que se encontraba junto a él. El doctor Bongiovanni se refugió detrás de una pared donde se encontraba el funcionario Martínez de la División Operaciones, que se sacó el chaleco antibalas y se lo colocó para su resguardo", reproduce UNO.

Luego siguió la contraofensiva para detener a los agresores: "Ante la gravedad de la situación, Bongiovanni ordenó el inmediato rodeo del lugar y que se proceda al allanamiento y registro del domicilio de donde provinieron los disparos. Al ingresar el personal policial se visualiza que los cuatro imputados se daban a la fuga hacia el oeste, siendo finalmente aprehendidos en distintos lugares linderos".

Según se detalló, en el allanamiento a la finca de Sergio González se logró el secuestro de cartuchos calibres 9 milímetros, 22 y 380, un revólver, y dos plantas de marihuana. En la finca de calle 924 y 941, donde se había arrestado a dos de los fugados, se localizó en el baño, tirado en el piso, una pistola y cuatro plantas de marihuana y una bolsa con cartuchos 22 largo. En una vivienda en construcción se encontró un revólver calibre 22 y en una vivienda de calle 924 hacia el sur se secuestraron más municiones.

Al momento de valorar todas las circunstancias del hecho en relación a la medida cautelar, la fiscal hizo particular mención a "la gravedad de la situación barrial que se vive en Capibá", e informó: "La Fiscalía ha tomado varias medidas que han calmado un poco la situación en el barrio, se dio intervención a la Oficina de Mediación Comunitaria, se ha hablado con el jefe de Policía Departamental a los fines de que asegurara el resguardo y tomara medidas de prevención en la zona. En estos días no han llegado nuevas denuncias a la Fiscalía, por lo tanto se puede ver que las medidas han surtido efecto".

Además, Ballesteros dijo: "Me he entrevistado con los imputados que tomaron el compromiso de no volver al barrio Capibá hasta el vencimiento de esta medida, en colaboración con esta idea de descongestionar el conflicto armado que hay en el barrio".



• Otra versión y las causas

El defensor Barbagelata, a su turno, planteó: "El peligro de fuga no está en ninguno de los cuatro, tienen sus familias, están averiguando por terrenos en otro lugar de la ciudad porque se van a ir del barrio. Tienen trabajo informal y por el oficio podrán restablecer los vínculos laborales que hoy están rotos, por la realidad que nos está aquejando a todos". Y agregó: "Sobre entorpecer la investigación, puede sonar irrisorio, pero justamente lo que ellos más quieren es que la Policía investigue, porque el hecho que se les endilga no sucedió de parte de ellos, sino de otras personas que serían quienes no dejan que exista paz en el barrio".

Luego, el letrado mencionó la necesidad del bien común, "un bien jurídico tan importante y tan olvidado por el Estado, sobre todo en este barrio".

Sobre la versión de los acusados, sostuvo: "Ahora nos encontramos con otra familia, que fueron mencionados por los imputados en sus declaraciones indagatorias, con datos suficientes para dar el marco en el cual se efectuaron los disparos. Para poder investigar y llegar a los autores de este gravísimo hecho de haber disparado a los funcionarios policiales y judiciales".

Barbagelata también destacó la intervención que se está dando en el barrio: "Es la primera vez que tengo la oportunidad con la Justicia de dar una intervención del Estado desde otro sector. Ayer me entrevisté con Irina Chausovsky (coordinadora del Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo), una persona muy amable y con muchas ganas de poder mejorar la situación del barrio y llegar a un acuerdo entre todos los antagónicos, con objetivo en el bien común, poder respetarlo y mantenerlo".

Por último, el abogado remarcó el contexto y las causas profundas de estos conflictos: "En muchos barrios tenemos ese flagelo, las drogas, las armas, y la falta de oportunidades ante la escasa posibilidad de trabajar. Muchos se ven empujados sin una decisión libre, sin poder tener ese discernimiento que pueden tener personas instruidas, ellos en su mayoría tienen estudios inconclusos, dificultades, y pueden verse seducidos con una propuesta que es pan para hoy y hambre para mañana, pero eso ha captado a mucha gente que hace que estos núcleos en los barrios que están en conflicto sean muy difíciles de desarmar, porque no son tres o cuatro, sino muchos más indirectamente involucrados con alguna propuesta". (APFDigital)

 





Fecha Publicación: 11/10/2018  09:14 

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