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El Poder Ejecutivo diseña su estrategia para sostener las obras energéticas del norte

  Paraná, 07 nov (APFDigital)


–  Este martes, a poco de arribar de China, el Gobernador Gustavo Bordet juntó  parte de su gabinete para elaborar la estrategia que permita mantener las obras del arco norte energético y del gasoducto productivo del noreste, que recibieron observaciones de la Contaduría General y motivaron una denuncia penal en la Justicia • Según pudo reconstruir APFDigital, el Gobierno buscará rebatir punto por punto los cuestionamientos administrativos pero minimiza los alcances reales que tendrá la causa judicial

Presentan denuncia penal por irregularidades en los decretos de obras energéticas.



El encuentro se concretó pasado el mediodía del martes 6 y públicamente sólo se difundió otro de los puntos discutidos: la incorporación de tecnología para la seguridad. Sin embargo, la temática central fueron las observaciones que la Contaduría General hizo a los decretos 2776, que introduce cambios en el régimen de iniciativa privada en la obra pública, y 2976, que declara de interés el cierre eléctrico norte y el gasoducto de productivo del noreste, que se realizarían con inversiones chinas y cuya licitación se concretó el pasado 19 de octubre.

Además de Bordet, en la mesa estuvieron la ministra de Gobierno Rosario Romero; el titular de la cartera de Planificación, Luis Benedetto; el ministro de Economía Hugo Ballay; el secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider; el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes y el secretario Legal y Técnico de la Gobernación José Gervasio Laporte. No estuvo el presidente de Enersa, el ingeniero Jorge González.

En primer término, se analizaron punto por punto las siete observaciones hechas por la Contaduría General al decreto 2916 en el dictamen del 29 de octubre, que mantiene paralizado el proceso licitatorio y, por ende, frenó la adjudicación e inicio de las obras. Lo mismo se hizo con un dictamen anterior de la Contaduría, donde se cuestionaban los cambios que introdujo el decreto 2776 al régimen de iniciativa privada.

En esta etapa, los dos funcionarios más ligados al control de legalidad de los actos de gobierno, Rodríguez Signes y Laporte, fueron dando su punto de vista a medida que se desandaba el dictamen del organismo de control. Luego de escuchar las opiniones, Bordet instruyó que tanto la Fiscalía de Estado como la Legal y Técnica elaboren dictámenes con referencias a cada uno de los puntos señalados por la Contaduría.

Tanto Rodríguez Signes como Laporte estuvieron abocados desde las primeras horas del miércoles a ejecutar esta tarea encomendada por el Gobernador, que no es ni más ni menos que dar cumplimiento al procedimiento fijado por la ley de Administración Financiera del Estado (5140) en su artículo 72º.

Ese apartado de la normativa establece: “Las observaciones que formule la Contaduría General serán comunicadas al órgano o dependencia en que se haya originado el acto y suspenderán su cumplimiento o el de la parte observada del mismo, hasta tanto se subsanen las causales que la motivaron”.

“Si dichas no fueran subsanadas y la autoridad competente estime que, no obstante la observación formulada, el acto debe cumplirse, el Poder Ejecutivo en Acuerdo de Ministros o la autoridad competente en los Poderes Legislativo y Judicial, podrán insistir en el cumplimiento bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad; en cuyo caso, la Contaduría General dará curso al mismo y dispondrá la publicación de la observación y el respectivo acto de insistencia en el Boletín Oficial, comunicando inmediatamente la actuado al Tribunal de Cuentas”, agrega.

Luego, fue el turno de poner bajo la lupa la denuncia penal presentada por el senador Raymundo Kisser (Paraná – Cambiemos) y su asesor legal Rubén Pagliotto, que se está tramitando ante la Fiscalía Anticorrupción, organismo que aún no definió si dará o no curso a la demanda. En este expediente, el Contador General Aurelio Miraglio hizo una presentación espontánea explicando los alcances de las decisiones que tomó el organismo de control.

Allí la voz cantante la llevó Romero, quien como abogada particular tuvo una gran experiencia litigando en el fuero penal. Luego de su exposición, todos los integrantes de la mesa coincidieron en que el tema es una cuestión administrativa ya que entendieron que no habría pruebas, ni tan siquiera indicios, de que se trate de un hecho de tipo penal. No obstante, se definió brindar a la Justicia todas las explicaciones que sean necesarias, pero desde el punto de vista administrativo. (APFDigital)



 





Fecha Publicación: 08/11/2018  07:08 

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