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viernes, 15 de marzo de 2019
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POLICIALES

Condenas efectivas para integrantes de banda narco

  Paraná, 15 mar (APFDigital)
- El Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió este jueves rechazar las nulidades planteadas respecto de la investigación, por falta de participación de Fiscalía en gran parte de la pesquisa, y de la inconstitucionalidad de la multa que realizaron las defensas, y en fallo unánime condenó a siete integrantes de la banda con pena de cárcel, a dos con pena condicional y absolvió a otros dos

El Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango, resolvió este jueves 14 de marzo, en fallo unánime, rechazar los planteos de nulidad que realizaron los defensores José Velázquez, Corina Beisel, Miguel Ángel Cullen, Serra y Laferriere, respecto de la falta de requerimiento de Fiscalía y de la inconstitucionalidad de la multa que se les aplicó a los condenados en primera instancia. En este sentido, condenó a Sergio David Molina, alias Teco, de 46 años, y a Horacio Esteban Viggiano, de 46 años, a la pena de 7 años y 6 meses de prisión efectiva; a Héctor Guillermo Viggiano, de 37 años, a 6 años y 6 meses de prisión; a Juan de la Cruz Moreno, de 40 años, a la pena de 7 años de cárcel; y a Hugo Alejandro Ceola, de 48 años, a 6 años, todos por el delito de Comercialización de estupefacientes agravada por ser cometido por una organización de tres o más personas.

En el mismo fallo, condenó con pena de 4 años de cárcel a Carlos Alberto Bernini, de 44 años, y a Diego Fernando Orcellet, de 35 años; y a 4 años de prisión Orlando Gastón Godoy, de 29 años, por el delito de Comercialización de estupefacientes. En el caso de Orcellet también se lo condenó por el delito de Tenencia de arma de fuego de uso civil.

Por último, el Tribunal condenó a 3 años de prisión de cumplimiento condicional a Solange Ayelen Romero, de 23 años, y a Abigail Romero, de 25 años; como partícipes por el delito de Comercialización de estupefacientes, ordenando su inmediata libertad; y absolvió a Sergio Alberto Pross, alias Cache o Cachetes, de 25 años, y a Cristian Alejandro Ceola, alias Gordo, de 24 años, ordenando su inmediata libertad.

Todos deberán pagar multas. Molina y Viggiano, de 25.000 pesos; Héctor Viggiano, de 22.000 pesos; De La Cruz Moreno, de 24.000 pesos; Ceola, de 20.000 pesos; Bernini, de 3.000 pesos; Orcellet, de 15.000 pesos; las hermana Romero, de 2.000 pesos; y Godoy, de 3.000 pesos.



• El hecho

Los imputados llegaron a juicio acusados de integrar una organización que operaba en Paraná, Nogoyá y Corrientes, comercializando marihuana. El golpe final a la banda ocurrió el 7 de marzo cuando se interceptó en la ruta 28, en Feliciano, un camión con 252,6 kilos de droga. El conductor, De La Cruz Moreno, fue detenido tras una cinematográfica persecución, en tanto que dos importantes miembros, los hermanos Viggiano, lo fueron en una estación de servicio. Iban en un auto en apoyo del camión.

Al final del juicio, antes de la sentencia, los hermanos Viggiano sostuvieron su inocencia y pidieron su libertad por sus hijos y su familia, que, según sostuvieron, los necesitan por cuestiones de sostén y de salud. Ceola sostuvo lo mismo; Bernini, Pross, Orcellet, Solange Romero, Godoy y Moreno, no dijeron nada; Cesia Romero, pidió la libertad por su hija y dejó en manos del Tribunal y de Dios su destino, y Molina sostuvo su inocencia, pidió la libertad por su familia y sus nietos.



• Críticas

Este jueves se realizaron las réplicas y dúplicas de los alegatos. Fiscalía rechazó los planteos de nulidad de lo actuado y los de inconstitucionalidad de la pena de multa. Las defensas volvieron a plantear la teoría del Fruto del árbol envenenado, entendiendo que se realizó una investigación “a la pesca” o de “embarazo preventivo”. En este sentido, señalaron que la investigación se sustanció durante 22 meses sin el control de la producción de prueba por parte del Ministerio Público Fiscal, consignó EL DIARIO.

Las defensas no cuestionaron el comienzo de la investigación, sino que criticaron que durante un largo tiempo se mantuvo un estado de sospecha que no fue notificado al fiscal, que es el responsable de garantizar una investigación ajustada a los parámetros que ordena la Ley y la Constitución. Tampoco rechazaron que sea la Policía la que llevó adelante la pesquisa, sino que no se informara al fiscal, puesto que éste tiene que fundamentar cada pedido de prueba que crea necesario realizar, mientras que las fuerzas de seguridad, no. (APFDigital)





Fecha Publicación: 15/03/2019  09:28 

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