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domingo, 24 de enero de 2021
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POLITICAS

Radicales por la Libertad cuestionaron el silencio de la Nación ante la violación de los derechos humanos en Formosa

  La Plata, 24 ene (APFDigital)


– La Junta Promotora Nacional de Radicales por la Libertad difundió un duro comunicado en el que cuestionan la violación de los derechos humanos que ejerce el gobierno de Gildo Insfrán en Formosa • Criticaron las medidas “arbitrarias, irrazonables y violatorias de toda garantía constitucional” y también apuntaron contra el silencio cómplice del Gobierno nacional



“La libertad y los Derechos Humanos. Un caso testigo, que no es el único”, se titula el crítico documento al que accedió esta Agencia y que se transcribe a continuación:

“Cómo nos paramos ante el avasallamiento de los Derechos consagrados, y las obligaciones que tenemos como ciudadanos, como organización política, como

Institución, como personas responsables.

Hace unos pocos meses, estupefactos escuchábamos públicamente las loas del

Presidente de los Argentinos a la forma de gobernar y ejercer la gestión de Gildo Infrán, un modelo raro, una de las provincias que aun con algunas riquezas naturales es una de las más pobres, donde el 70 por ciento de la población vive del Estado, donde hemos comprobado con anterioridad el paso de los paraguayos a las elecciones a cambio de planes del Estado Argentino. Esas loas del Presidente a esta caricatura surgida más de un programa televisivo con lo hacía un gran cómico argentino en Costa Pobre que de un mandatario surgido del espíritu de una Constitución Republicana. Lo grave es que en el caso de la realidad está en juego la dignidad, la integridad y los derechos de las personas que son vulnerados constantemente y que la pandemia los ha dejado más evidenciados.

Si es así, el “querido Gildo del Presidente Fernández” disimula bien los conceptos vertidos. A esta altura no hay dudas para la sociedad, como hace tiempo no había duda para los que nos interesamos por la realidad y el ejercicio Republicano, de que el modo en que su gobierno gestionó la cuarentena fue una suma de excesos, violaciones a los derechos humanos y despropósitos autoritarios. Un bochorno que sigue creciendo y cuya onda expansiva golpea la puerta de la Casa Rosada, aun cuando el Poder ejecutivo se haga el disimulado, que las Organizaciones estatales de Derechos Humanos incumplan los deberes que les cabe como funcionarios, y demostrando una vez más que estos derechos consagrados universalmente, siguen teniendo dueño político e ideológico y no están destinados a todos los que habiten la Nación Argentina como comienza nuestra carta magna.

La secuencia de hechos, más allá de los hechos de público conocimiento y denunciado del pago de planes de ayuda surgido de impuestos que surgen del bolsillo de los argentinos a ciudadanos paraguayos para cruzar a ejercer el acto eleccionario en nuestro país, fraguando documentos de identificación argentinos u otorgándolos de forma ilegales, su forma de ejercer el poder y la licuación del resto de los poderes de la Provincia, esto debe haber quedado por ahí bajo el apaño de alguien.

Pero todo se agravo en el manejo de la Pandemia, cuya lista de hechos aberrantes y casi asesinos es larga e incluyó a la mujer que manejó 3.000 km desde Chubut para visitar a su mamá enferma de cáncer, pero como fue retenida en el límite provincial, cuando pudo entrar su madre había muerto.

También a Mauro Ledesma (23), que se ahogó en el río Bermejo mientras intentaba cruzar a nado entre Chaco y Formosa. En El Colorado lo esperaban su mujer y su hija de 3 años. Había aplicado para entrar el 25 de agosto y su cuerpo fue encontrado el 11 de octubre.

Al drama se suman datos que certifican la escasa vocación de apertura. En octubre el gobierno formoseño se negó a autorizar los vuelos desde Buenos Aires, como sí lo hicieron las demás provincias; y este mes decretó el regreso a la estricta Fase 1 de la cuarentena, una excepción nacional.

La curva de excesos sumó el jueves las detenciones de las concejalas Gabriela Neme y

Celeste Ruiz Díaz, quienes denunciaban el aislamiento de 22 días (único en el país) al que son obligados quienes llegan a la provincia, y las condiciones de los centros sanitarios, en los que conviven pacientes con Covid19 con personas sanas. Faltan camas y todos comparten un baño.

A los ejemplos fácticos se sumó el horror argumental aportado por Jorge González, ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo (¿nada más?) de la provincia. Justificó en “las características culturales” de los formoseños la necesidad de retenerlos y vigilarlos para su aislamiento “porque si no salen de sus casas”.

Las restricciones y prohibiciones establecidas por el Gobierno Provincial y la aplicación de medidas que viene haciendo el estado provincial resultan, en este contexto, arbitrarias, irrazonables y violatorias de toda garantía Constitucional y los derechos básicos consagrados universalmente, poniendo en potencial peligro bienes jurídicos protegidos por el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad, a la intimidad, a la libre circulación, al trabajo y a la propiedad de los ciudadanos”.

Asimismo, por más que en dicha provincia no haya medios de comunicación independientes y todos estén domesticados por la pauta oficial, haya un Poder Judicial politizado, una falta de equilibrio del Poder Legislativo y una mayoría de los habitantes silenciados por la amenaza de perder el trabajo -ya que más del 80% depende del Estado-, se terminó de conocer la privación ilegal de la libertad por parte del Estado de dos ediles que hicieron público un hecho que no difiere en nada de los centros de detención de las dictaduras.

Los aislados, no importa que sean PCR positivo o negativo, se encuentran alojadas en lugares que no están preparados para el alojamiento de personas. No hay condiciones de higiene y están en instalaciones precarias, configurando un cuadro de situación que pone en peligro su vida y su integridad personal, como así también de las miles de personas que aguardan el ingreso a la provincia de Formosa.

Es de hacer constar el incumplimiento por parte de las autoridades formoseñas de numerosos fallos judiciales entre los que se destaca uno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y yo también le doy algo de gravedad

Todas estas medidas emanadas desde el PEP son totalmente dictatoriales e irracionales.

Ante esta gravísima situación y la sordera y el silencio del PEN y de los organismos oficiales de DD.HH, Organismos Republicanos de Derechos Humanos no oficiales han solicitado a la CIDH que dicte una medida cautelar que obligue al Estado Argentino y a la provincia de Formosa a cumplir con los estándares de derechos humanos previstos en el ordenamiento interamericano y exigiéndose que se garantice “que el período de cuarentena obligatoria se cumpla en los domicilios particulares de las personas que ingresan a la Provincia, o en los domicilios particulares en los cuales residen quienes se encuentran en el territorio provincial, o en lugares específicamente acondicionados para el alojamiento de personas, que cuenten con toda la infraestructura necesaria, en condiciones de seguridad y salubridad”.

La política y en

También debemos peticionar para que “se priorice el derecho a la reunificación familiar y el resguardo de los derechos del niño, de las mujeres, de los ancianos y de las personas enfermas y que el período de cuarentena obligatoria no exceda los mencionados por la ciencia, ya sean su rama de la salud y de la salud mental.

La detención de las concejales en Formosa, que habían denunciado al gobernador

Gildo Insfrán por las condiciones inhumanas de los centros de aislamientos para enfermos de coronavirus, generó un repudio generalizado en varios sectores de bien, racionales y con principios solidarios y de amplio sentido Republicano de la sociedad argentina.

Más aun cuando se hicieron públicas los terribles hechos que suceden en esta provincia durante la cuarentena y la descoordinación de criterios por no haberse conformado en ningún momento los comités de emergencia de Protección Civil en los niveles Nacional, Provincial y Municipal y la respectiva coordinación de los mismos (algo de lo que nadie habla pero en algún momento se pedirán respuestas de por qué no actuaron, estando reglamentadas).

Las condiciones de aislamiento infrahumanas nos dejan la imagen que estos centros son más parecidos a un centro de detención y hacinamiento ilegal que a un espacio que garantice tanto la salud física como emocional de los ciudadanos que pasan por esta situación al no cumplir las garantías sanitarias para su alojamiento, donde también hay nueve niños en estado de hacinamiento. Bebés de dos y cuatro meses sin cobertura pediátrica.

Como militantes de un partido centenario que tiene entre sus banderas la defensa de los derechos humanos, y sin mercantilismo político, debemos levantar las voces ante estos avasallamientos. ¡Adelante Radicales!”. (APFDigital)



 





Fecha Publicación: 25/01/2021  07:05 

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