“En Entre Ríos se respetan los derechos fundamentales consagrados en la Constitución”, afirmó la ministra Romero

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“En Entre Ríos se respetan los derechos fundamentales consagrados en la Constitución”, afirmó la ministra Romero

Paraná, 03 dic (APFDigital)

- La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, recibió este viernes a comisionados del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y les informó que la provincia no tiene el alojamiento en comisarías como práctica, ni en la aplicación de la Ley N°3815, próxima a reformarse, ni en la decisión de los Jueces que toman la prisión preventiva como excepción • “En Entre Ríos se respetan los derechos fundamentales consagrados en la Constitución”, sostuvo

Informe da cuenta de las “alarmantes” condiciones que atraviesan quienes están detenidos en comisarías de la provincia.

Acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos, Daniel Paduán, la ministra recepcionó a la comitiva nacional integrada por Diana Conti, Gustavo Palmieri y Alan Lud, para abordar diversos temas planteados por el organismo.

La titular de la cartera de Gobierno y Justicia hizo un recorrido por las obras realizadas en el Servicio Penitenciario durante las dos gestiones del gobernador Gustavo Bordet, donde se amplió la capacidad en 100%, construyendo 650 plazas solo entre los nuevos pabellones de las Unidades Penales 9 de Gualeguaychú y 8 de Federal, así como también la UP1 de Paraná.

“En las dos gestiones del gobernador Bordet se han hecho ingentes esfuerzos por mejorar el sistema carcelario con obras en Paraná, Federal y en la cárcel modelo El Potrero de Gualeguaychú, lo que nos ha dado la posibilidad de cerrar definitivamente la histórica Unidad Penal 2”, recordó la ministra. “También se han hecho mejoras en comisarías, la alcaidía de Concordia está dotada de 25 lugares para alojamiento de personas hasta que se decida su situación procesal”, agregó.

“Pero lo cierto es que Entre Ríos no tiene una realidad de alojamiento en comisarías como práctica, ni en aplicación de la Ley N°3815 que es mínima y está próxima a reformarse, ni en la decisión de los Jueces, que establecen la prisión preventiva como excepción y cuando la ordenan, se cumple en las Unidades Penales”, aclaró.

“Por lo tanto, el alojamiento en comisarías es un alojamiento excepcional y puede ser en algunos casos por horas hasta que las personas sean puestas a disposición del juez actuante. Las alcaidías en algunas ciudades ni existen o no se usan”, indicó Romero.

“Es importante tener debidamente en cuenta que a diferencia de la provincia de Buenos Aires o de otras, donde esa práctica es habitual, en Entre Ríos los detenidos van directamente a disposición de los Juzgados”, aclaró la ministra.

“Una cosa es reflejar una dependencia con algún deterioro, pero que no viene siendo usada y otra cosa es poner en balance o equilibrio todas las tareas que el Estado entrerriano viene realizando en la estructura del sistema penitenciario, que es donde las personas privadas de la libertad cumplen sus condenas”, afirmó.

“Yo sé que de parte de la Red que hizo este relevamiento existe un reclamo de la integración de siete cargos legislativos para el Comité contra la Tortura en Entre Ríos, hay una propuesta que se ha realizado a las organizaciones de reducir este número en aras de lo que es la realidad del Estado entrerriano y el empleo público y en ese sentido que estamos trabajando y hemos ofrecido alguna alternativa, que espero sean aceptadas por las organizaciones de Derechos Humanos”, afirmó la ministra.

En otro orden de temas, Romero informó también a los miembros del Comité Nacional que “en Entre Ríos, la formación en derechos humanos, Ley Micaela y diversidades, del personal policial, del personal penitenciario y de la administración pública es permanente.

Las materias son obligatorias tanto en las currículas de los institutos de formación de ambas fuerzas provinciales como en los cursos para ascensos”.

Aclaró también que puntualmente "en la ciudad de Paraná no se alojan detenidos a disposición del Poder Judicial en comisarías, sino que se alojan directamente en la Alcaidía de Tribunales que depende del Poder Judicial y que en este momento también está siendo refaccionada".

Finalmente, Romero aprovechó la visita de representantes nacionales del Comité Contra la Tortura para invitarlos a estar presentes en el acto de cierre de la histórica Unidad Penal 2 prevista para el 20 de diciembre en Gualeguaychú.

• Alcaidía de Concordia y otras obras

Cabe recordar que el 9 de septiembre en Concordia se puso en funcionamiento la refacción del edificio de Alcaída que amplió su capacidad, refaccionando celdas y lugares de atención para los abogados.

La obra fue recorrida por el intendente a cargo, Alfredo Francolini, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, el senador Armando Gay, el diputado Nestor Loggio, el defensor General de la provincia, Maximiliano Benitez, el presidente y la vicepresidenta del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Mariano Caprarulo y Carolina López Bernis, el juez de Garantías Francisco Ledesma, el Jefe Departamental Concordia, Comisario Juan Beguerie, el subsecretario de Derechos Humanos, Daniel Paduán, representantes de la Asociación H.I.J.O.S y la Asociación Familiares de Presos y Desaparecidos de la ciudad de Concordia.

El edificio de la alcaidía policial, ubicada en Monseñor Tavella N°1360, fue refaccionado con fondos de la Policía de Entre Ríos y mano de obra municipal. Con estas mejoras, se alcanzó un total de 25 plazas para alojamiento de varones.

No obstante el poco uso que se le da, el Ministerio de Gobierno y Justicia ordenó en los últimos meses reparaciones, refacciones y cambios de mobiliarios en la Alcaidía Contravencional de Paraná, alcaidía de Gualeguaychú, Victoria, Gualeguay, Diamante, Federal, Rosario del Tala y Concepción del Uruguay. Las mejoras consistieron en refacciones, reparaciones edilicias, trabajos de pintura, cambio de mobiliarios y reparaciones sanitarias.

• Código de Faltas

El Gobierno trabaja en un nuevo Código de Faltas que está próximo a ser girado a la Legislatura y que reemplazará la Ley N°3815, que ya está casi en desuso.

“El texto de la nueva Ley tiene como objeto el resguardo de las condiciones que aseguren la convivencia social y el respeto al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades consagrados en la Constitución y las leyes”, explicó el subsecretario de Derechos Humanos, Daniel Paduán.

“Establece además el principio de igualdad, para que todas las personas reciban de la autoridad la misma protección y trato, sin que puedan ser afectadas por distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias de carácter discriminatorio, debiéndosele brindar protección especial a las personas que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad o debilidad manifiesta”, señaló.

“La tolerancia también es un valor puesto en palabras en el texto de la nueva ley, que establece que la convivencia ciudadana pacífica exige, de particulares como de autoridades, la aceptación y el respeto por la diferencia y la diversidad que es propia de toda sociedad democrática, pluralista y participativa”, agregó el funcionario.

El texto está siendo trabajado en las últimas instancias con Defensoría General de la provincia.

• Avance de obras en el Sistema Penitenciario

En la Unidad Penal 9, se culminó con la primera etapa de la obra de pabellones que consta de dos módulos de alojamiento que permiten incorporar 144 plazas nuevas, 72 en cada pabellón. Esta obra cuenta con 18 celdas por pabellón, grupo sanitario, celaduría, patio cubierto y patio exterior. Asimismo, se continúa con la segunda etapa que consta de tres pabellones de alojamiento. La misma se encuentra con un avance del 70 por ciento.

En tanto, en la Unidad Penal Nº 8 de Federal, se continúa con la obra del anexo alojamiento que se trata de dos pabellones con ingreso diferenciado. Esta primera etapa, que comprende 26 celdas dispuestas en dos pabellones con sanitarios, comedor, salones de visita, celaduría y cerco perimetral, tiene un avance del 80 por ciento. En esta unidad se podrán albergar, una vez finalizada la obra, un total de 100 nuevos internos.

Vale destacar que esta obra es realizada en su totalidad con fondos propios del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y la mano de obra está a cargo de internos y personal penitenciario.

Estas dos ampliaciones permitirán el traslado de los 270 internos alojados en la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú y su reubicación para cerrar definitivamente la cárcel más antigua de la provincia, ofreciendo mejores condiciones y herramientas de inserción para las personas privadas de la libertad. (APFDigital)

Fecha Publicación: 05/12/2022 06:59

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