– El proyecto establece que todas las instituciones educativas, deportivas y sociales deberán crear un protocolo de prevención contra los delitos sexuales en la infancia en diferentes ámbitos donde asistan niños, niñas y adolescentes


Las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes, y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales, que presiden la radical santacruceña Roxana Reyes, y el radical Jorge Vara, decidieron modificar el texto sancionado por el Senado, con lo cual -en caso de ser el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados- deberá ser enviado en revisión a la Cámara alta.

La iniciativa, cuya autoría corresponde a la senadora radical María Belén Tapia, establece que "toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, homologado ante la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que corresponda".

En el proyecto, se indica que el  protocolo "deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados y garantizar el interés superior del niño".

Por su partes, Reyes aseguró que "este proyecto llegó con una sólida media sanción del Senado, y en la Cámara de Diputados generó algunas diferencias en cuanto a su redacción, que requería modificaciones".

"Con esta ley esperamos que los docentes, educadores o quienes trabajan a diario con niños, tengan las herramientas necesarias para saber cómo actuar en cada caso", señaló.

A su vez, la legisladora del FDT Paola Vessvessian afirmó que "la adhesión de las provincias es clave ya que en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia existen protocolos, pero al no ser vinculantes algunas provincias lo aplican y otras no. Con esto le estaríamos dando fuerza de ley a protocolos preexistentes que obligan a las autoridades de aplicación de cada una de las provincias de supervisar y monitorear".

Los detalles del proyecto abarcan una serie de medidas clave como la puesta a disposición de las instituciones de material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo y otras herramientas relevantes para la creación y ejecución de protocolos. Todo esto se llevará a cabo según lo establecido en la Ley 27.709 y en el contexto del Plan Federal de Capacitación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Además fija que la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, serán los encargados de establecer las medidas necesarias para brindar herramientas para cumplir con el mencionado protocolo, como por ejemplo poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, establecer los mecanismos de control y diseñar una campaña de difusión y concientización.

En ese sentido, se deberán establecer los requisitos mínimos de los protocolos que deberán cumplir las instituciones y determinar los plazos en los que las mismas organizaciones deberán tener el protocolo para prevenir abusos sexuales. (APFDigital)