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POLICIALES Y JUDICIALES

Rechazaron pedido de Probation que realizó empresario paraguayo acusado de hechos de corrupción

  Paraná, 20 feb (APFDigital)


– El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, rechazó este martes el pedido de Suspensión del juicio a prueba o Probation que instó la defensa del empresario oriundo de Paraguay, Diego Cardona Herrero, imputado en seis hechos de corrupción en Entre Ríos • Consideró dos requisitos aparte de los formales para el otorgamiento: que Fiscalía se opuso y que la pena que se le podría aplicar, sería de cumplimiento efectivo





El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, resolvió este martes rechazar el pedido de Suspensión del juicio a prueba o Probation, por su nombre en inglés, que solicitó la defensa del empresario oriundo de Paraguay, Diego Armando Cardona Herrero, por el plazo de tres años. Así, Vergara coincidió con los argumentos que sostuvo Fiscalía, que se opuso fundamentando su posición en la gravedad y la cantidad de los hechos investigados, la presunta participación de funcionarios públicos y particulares, los montos detraídos de las arcas del Estado provincial, el daño a la sociedad, el exclusivo fin de lucro particular de los sospechosos y que la pena en expectativa, de ser hallado culpable, sería de cumplimento efectivo.  

El juez también evaluó y coincidió con Fiscalía, en que por razones de la política criminal del Ministerio Público Fiscal (MPF), que tiene la potestad de definir qué hechos se investigan y cuáles no, según criterios fundados, los delitos como los investigados en esta causa, encuadran en los pactos internacionales a los que suscribió Argentina en la lucha contra la corrupción.

La causa investiga la presunta responsabilidad del ex gobernador, Sergio Urribarri, y ex funcionarios de sus gestiones y particulares, por el presunto delito de Negociaciones incompatibles con la función pública. Fiscalía acusa que se habría beneficiado a Cardona Herrero, como accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, con la contratación para desarrollar e implementar un sistema de software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos, a partir de la presunta relación de amistad entre aquel y el ex mandatario provincial.

Vergara coincidió con los argumentos de los fiscales, Gonzalo Badano y Patricia Yedro, que sostuvieron que además de los requisitos formales que determina la norma que creó el instituto de Suspensión del juicio a prueba, se debía contar también con el consentimiento del MPF y que la pena en expectativa no sea superior a tres años de prisión. En este caso, según entendió el juez, ambos requisitos adicionales, no se configuran.

La defensa del empresario, a cargo de Ignacio Díaz y José Velázquez, entendió y argumentó que era procedente otorgar el instituto. También adujo los serios problemas de salud que el proceso le habría ocasionado a su defendido y en este sentido, ofreció una documental compuesta por 24 fojas que darían cuenta del deterioro en la salud de su defendido. También propuso que la documental sea analizada por profesionales del cuerpo médico forense del Poder Judicial.

Los defensores destacaron que cuatro imputados en la causa, empleados de la firma cuestionada, pudieron acceder al instituto puesto que, además de los requisitos formales de la salida alternativa al juicio plenario, contaron con el consentimiento de Fiscalía. Ésta respondió que el rol desplegado por los cuatro probados fue muy distinto al que se presume desarrolló Cardona Herrero, de quien sostuvieron que tuvo un rol dirimente en su calidad de titular de la firma, gestionando licitaciones, otorgando dádivas a funcionarios para acceder a información privilegiada sobre las licitaciones.

La defensa, para cumplir con los requisitos formales que prevé el instituto, ofreció 2,52 millones de pesos en concepto de reparación del daño, pagaderos en 36 cuotas; otra suma de 900 mil pesos, en concepto de sustitución de las tareas comunitarias no remuneradas que la figura prescribe en beneficio de una institución de bien público, habida cuenta del estado de salud que dijo padecer el imputado, también a pagar en 36 cuotas; y una pena de multa de 540 mil pesos. (APFDigital)



 





Fecha Publicación: 21/02/2024  06:04 

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